El Sáhara Occidental, la última colonia de África

Desde su creación en 1973 la resistencia saharaui a la ocupación, representada por el Frente POLISARIO (Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Río de Oro), apoyado por Argelia, plantó cara a la colonización, primero de España y después de sus dos vecinos, logrando algunos éxitos militares que obligaron a Mauritania a firmar la paz con la RASD en 1979 y a retirarse a sus fronteras anteriores, siendo su parte rápidamente ocupada por tropas marroquíes. 

Para asegurar la ocupación y dificultar las incursiones del Ejército de Liberación Popular Saharaui, el reino de Marruecos construyó en los años 80 del pasado siglo seis líneas sucesivas de muros defensivos, de una longitud total de 2.700 km, formadas por terraplenes de tierra y piedra de dos a tres metros de altura protegidos por campos de minas, foso y alambradas, con puntos de apoyo guarnecidos cada tres kilómetros dotados de una sofisticada tecnología estadounidense e israelí de sensores y radares de 15, 30 y 60 kilómetros de alcance. A retaguardia se dispone una línea de baterías de artillería cada 10 kilómetros y destacamentos de intervención inmediata para acudir a los puntos atacados. Este sistema defensivo permite a Marruecos el control de todo el territorio útil (zonas costeras, yacimientos de fosfatos y principales ciudades), dejando en manos del Frente POLISARIO únicamente dos exiguas zonas interiores desérticas en la frontera con Mauritania.

En 1991 se alcanzó un alto el fuego que abrió el camino para una solución negociada a través de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), encargada de organizar la votación en la que el pueblo saharaui debía elegir entre la independencia y la integración en Marruecos; pero ese referéndum nunca se celebró porque Marruecos se ha negado a hacerlo. A cambio propone desde 2007 una autonomía para un Sáhara occidental integrado en Marruecos, que se reservaría las competencias religiosas, constitucionales, de la jefatura del estado (monarquía), la seguridad nacional, las relaciones exteriores y el poder judicial. Como es de suponer, el Frente POLISARIO considera inaceptable esta opción. 

Entretanto, Marruecos ha llevado a cabo una intensa campaña de asimilación del territorio ocupado, modificando su demografía y sus condiciones económicas. El Estado ha impulsado la inmigración de población marroquí, atraída por las subvenciones en forma de vivienda garantizada y paga mínima para quienes carezcan de trabajo. Así, de una población de 74.000 personas en 1974 se ha pasado a las 600.000 de la actualidad (la mayoría, marroquíes), mientras que en las inhóspitas áreas controladas por el POLISARIO sólo viven 30.000 personas, al tiempo que gran parte de la población saharaui vive exiliada en los campamentos de refugiados en territorio argelino, donde habitan 180.000 personas. La relativa tranquilidad derivada del alto el fuego y la protección de los muros defensivos ha permitido al colonizador marroquí beneficiarse económicamente de la explotación de los recursos naturales saharauis, como los fosfatos de Bucraa, en cuya explotación España mantuvo un 35% de capital hasta 2002. Además, en los 1200 kilómetros de costa del Sáhara occidental se localiza uno de los caladeros de pesca más importantes del mundo y las prospecciones de petróleo indican la existencia de ricos yacimientos offshore, sin olvidarnos de la riquísima horticultura irrigada desarrollada en torno a la ciudad de Dajla, con una producción destinada a la exportación al mercado europeo, ni de la explotación de la arena para embellecer y regenerar las playas canarias o de los áridos para la industria de la construcción. 

La explotación de estas riquezas proporciona grandes beneficios al Estado marroquí, que viola el derecho internacional vendiendo como propios unos recursos que no le pertenecen. El Sáhara occidental es un “territorio no autónomo” pendiente de descolonización, a la espera de poder ejercer su legítimo derecho de autodeterminación. A efectos legales la potencia administradora sigue siendo España, pero ésta ha hecho dejación de sus funciones. Los gobiernos españoles siempre se alinearon con el plan de autodeterminación de la ONU hasta que Pedro Sánchez optó por la solución “realista” marroquí de la autonomía. Sin embargo, de hecho, desde 1975, han colaborado con la ocupación por razones económicas, políticas y geoestratégicas. Marruecos es uno de los principales clientes de la industria armamentística española y nuestro primer proveedor de pescado. Varias empresas españolas se benefician colaborando en el expolio de los recursos naturales saharauis: pesca, energías renovables, arena para las playas canarias, áridos para la construcción, turismo. Además, los gobiernos españoles se ven sometidos a las presiones del régimen marroquí, que dispone de dos poderosas bazas: la presión migratoria y la reivindicación de Ceuta y Melilla. Entre la justicia para el pueblo saharaui y el apaciguamiento de los dirigentes marroquíes (complementado con suculentos negocios) los gobernantes españoles siempre han optado por lo segundo. 

Marruecos cuenta con el apoyo incondicional de los países imperialistas (Estados Unidos y Europa occidental) por intereses económicos y geoestratégicos. A su estilo, violando el derecho internacional, Trump reconoció en 2020 la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara occidental, a cambio de que Rabat normalizara las relaciones con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham, mediante los cuales varios Estados árabes (Marruecos, Sudán, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos) se sumaron a los dos que lo habían hecho previamente (Egipto y Jordania) en el reconocimiento del Estado de Israel, dando legitimidad y apoyo al sionismo que ocupa de forma ilegal el territorio que por ley pertenece al pueblo palestino. Netanyahu agradeció el favor reconociendo a su vez la soberanía marroquí sobre el Sáhara occidental, algo a lo que todavía no se han atrevido los países de la U.E., aunque España, Francia, Alemania y Bélgica apuestan claramente por la propuesta marroquí de autonomía. Los acuerdos comercial y pesquero de la U.E. con Marruecos legitiman el expolio de los recursos saharauis. 

Por su parte, la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), creada al día siguiente de la retirada española, obtuvo importantes éxitos diplomáticos iniciales, siendo reconocida por 84 países, casi todos ellos africanos, latinoamericanos y asiáticos, de los que 45 siguen manteniendo el reconocimiento en la actualidad. Su principal apoyo siempre ha sido Argelia, que alberga los campamentos de refugiados, aunque países importantes como Sudáfrica, Nigeria y México se cuentan entre sus aliados. En 1984 fue aceptada como 51º miembro de la Organización para la Unidad Africana (OUA), de la que Marruecos se salió como protesta, no retornando hasta 2017 a su heredera, la Unión Africana (UA). 

A pesar de no haber sido vencida militarmente por Marruecos la RASD ha priorizado siempre la vía de la diplomacia y el respeto al derecho internacional, buscando en las instituciones internacionales un apoyo que sólo ha recibido a cuentagotas y cada vez más limitado. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU hace tiempo que dejaron de hablar de referéndum, pero siguen renovando anualmente la MINURSO y continúan haciendo referencia a la “libre determinación” de los saharauis. En la última resolución (la 2797, de 31 de octubre de 2025) Trump quería lograr el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio. No lo logró, pero sí la aceptación de la propuesta de autonomía de Rabat como base para las negociaciones entre las partes. Es un paso más para que el Reino de Marruecos alcance legalmente su objetivo de anexión, que ya disfruta en la práctica, pero ni aprueba ni consagra “la soberanía marroquí sobre las provincias del Sur”, como erróneamente ha afirmado Mohamed VI. La resolución fue aprobada por 11 votos a favor, 3 abstenciones (China, Rusia y Pakistán) y una ausencia (Argelia), esta última en protesta por el contenido del texto. 

Tras este varapalo lo más probable es que la situación se anquilose. Aunque el Polisario ha reanudado una cierta actividad militar tras la ruptura del alto el fuego en 2020, no tiene posibilidad de derrotar a un ejército fortalecido con la colaboración de Estados Unidos, Israel y las potencias occidentales. El tiempo juega a favor de la ocupación, la población saharaui refugiada va ya por la segunda o incluso la tercera generación y el crecimiento económico del Sáhara occidental sigue su curso con la participación de empresas capitalistas interesadas en la explotación de los recursos del territorio. La población saharaui que habita en territorio ocupado, minoritaria frente a los colonos marroquíes, vive sometida al férreo control policial y militar del Estado ocupante, que no duda en emplear la represión violenta contra cualquier movimiento reivindicativo o en favor de los derechos humanos. 

Ante esta injusticia no podemos permanecer impasibles viendo como se impone la indiferencia y el desprecio por el derecho internacional. El Estado español es el principal responsable de esta situación por no cumplir con sus obligaciones como potencia administradora y permitir y apoyar la ocupación ilegal. A diferencia de los gobiernos, el pueblo español demuestra cada día la empatía y la solidaridad con el pueblo saharaui. Como ciudadanos españoles debemos exigir a nuestros gobernantes que asuman de una vez sus obligaciones en pro de la autodeterminación del Sáhara occidental y en contra de la anexión a Marruecos por la vía de los hechos. Ahora que se cumple medio siglo de aquella infame cesión es el momento de movilizarnos en solidaridad con un pueblo expoliado y desposeído. El Estado español perpetró aquella indignidad. Exijámosle la reparación de esa injusticia y la recuperación de los derechos y los bienes arrebatados por la colonización y el afán de lucro capitalista. 

¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO SAHARAUI!

¡REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN YA!